Uruguay exhibe importantes brechas de desarrollo entre sus distintos territorios. En particular,
los departamentos de la frontera norte (Artigas, Rivera y Cerro Largo) históricamente han
presentado indicadores sociales y económicos rezagados frente al sur del país, donde se
concentra la actividad económica en torno a Montevideo. A continuación se analizan estas
desigualdades regionales, comparando niveles de pobreza, empleo informal, inseguridad
alimentaria, educación, acceso a servicios e ingresos, con datos recientes y un repaso de sus
raíces históricas. Finalmente, se discuten algunas propuestas para mitigar estas inequidades
territoriales.
Raíces históricas de la desigualdad regional
Entender por qué el norte de Uruguay quedó rezagado requiere mirar la historia económica y
social del país. Desde la formación del Estado uruguayo en el siglo XIX, Montevideo y el sur
litoral concentraron el desarrollo gracias al comercio portuario, la cercana colonización agrícola
y la instalación de infraestructuras (ferrocarriles, caminos) que conectaban principalmente al sur
con Argentina y el puerto montevideano. En cambio, la región norte fue considerada periférica:
sus poblados surgieron como fortines de frontera o enclaves dedicados a la ganadería extensiva,
con escasa urbanización e inversión pública limitada. El término “frontera seca” alude a la línea
limítrofe con Brasil sin accidentes geográficos mayores, lo que históricamente permitió
intercambios informales pero también implicó menor atención del poder central, enfocado en el
litoral sur y la capital.
Durante buena parte del siglo XX, Uruguay se enorgulleció de sus niveles generales de bienestar
y equidad social, pero ello ocultaba disparidades internas. Si bien hubo avances notables en
salud y educación básicas en todo el país, las oportunidades económicas no estuvieron repartidas equitativamente. La industrialización benefició sobre todo a Montevideo, donde se instalaron fábricas y empleos formales, mientras que el interior norte permaneció atado a los ciclos de la agropecuaria. Las crisis económicas (como la de 2002) golpearon con fuerza a estas zonas menos diversificadas, provocando aumentos bruscos de pobreza en Artigas, Rivera y Cerro Largo.
Muchos habitantes del norte optaron por la migración interna, mudándose a la capital o su área
metropolitana en busca de trabajo, lo que a su vez redujo el capital humano disponible
localmente y envejeció la población restante.
La lejanía de los centros de poder también contribuyeron a perpetuar la brecha. Incluso las
inversiones en infraestructura tendieron a privilegiar corredores logísticos hacia puertos del sur.
Hasta hace poco, por ejemplo, no existía una vía ferroviaria moderna que uniera el norte con
Montevideo. La ruta 5 y otras carreteras integraron algo más al norte en las últimas décadas, pero
aún hoy localidades de frontera en Artigas o algunos parajes de Cerro Largo permanecen
aislados. Esta herencia histórica explica en parte las dificultades actuales: se trata de disparidades “estructurales”, donde influye el territorio de nacimiento en las oportunidades de las personas.
Pese a las mejoras generales en indicadores sociales durante el siglo XX, la brecha entre el
Uruguay profundo y el Uruguay metropolitano ha sido un rasgo durable de la realidad nacional.
Brechas socioeconómicas persistentes
La disparidad entre el norte y el sur es notoria en indicadores clave. Por ejemplo, en 2024
mientras para la media de Uruguay el porcentaje de hogares pobres alcanzó a 13,4%, en los
departamentos de la frontera norte del país (Artigas, Rivera, Cerro Largo) la misma estuvo por
encima del 24% –casi el doble del promedio nacional–. En contraste, varios departamentos del
sur registraron niveles relativamente bajos: Flores, San José, Colonia y Maldonado tienen menos
del 9% de los hogares en condiciones de pobreza. Estas cifras evidencian una brecha geográfica
marcada, donde el norte fronterizo concentra una proporción mucho mayor de hogares pobres
que el próspero sur del país.
La brecha no es solo actual sino también histórica. Incluso luego de la marcada reducción de la
pobreza a nivel nacional en la década comprendida entre los años 2006 y 2015, las disparidades
territoriales persistieron. La brecha norte-sur viene de larga data. La frontera norte
históricamente ha quedado rezagada en bienestar social frente al sur más desarrollado.
Empleo informal y precariedad laboral en el norte Las diferencias regionales también se reflejan en el mercado laboral. Los departamentos fronterizos presentan niveles elevados de informalidad laboral, es decir, trabajadores que se desempeñan sin registro ni protección social. En 2024 Artigas encabezó el ranking con 48,8% de sus trabajadores en la informalidad, seguido de Cerro Largo con 45,5%. Rivera también mostró un alto 39%, muy por encima del promedio país (22,7%). En cambio, Montevideo apenas tuvo un 14,4% de ocupados informales. Esto implica que en el norte casi la mitad de los trabajadores carecen de aportes a la seguridad social o protección social suficiente, contrastando fuertemente con la situación del sur.
Los factores detrás de la informalidad en estos departamentos son estructurales. Por un lado,
predomina un perfil productivo agropecuario y de pequeña escala comercial, con menos
oportunidades de empleo formal en industrias o servicios sofisticados. Por otro, la ubicación
fronteriza implica competencia con ciudades vecinas de Brasil, debilitando el mercado laboral
local. Si bien cada departamento tiene sus particularidades, en términos generales el norte
enfrenta mayores dificultades para generar empleo de calidad que retenga a su población.
Inseguridad alimentaria
La consecuencia más grave de la pobreza y la informalidad es la inseguridad alimentaria. Los
hogares de menores ingresos, concentrados en el norte, suelen tener dificultades para acceder
regularmente a una dieta adecuada.
Según el Tercer Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Hogares 2024,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los departamentos del noreste de
Uruguay —Artigas, Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó y Treinta y Tres— presentan una de las
tasas más altas de inseguridad alimentaria moderada o grave en el país. En esta región, el 15,9%
de los hogares enfrentan dificultades significativas para acceder a una alimentación adecuada
(inseguridad alimentaria moderada o grave), superando el promedio nacional del 13,7% y el de
Montevideo y Canelones, que se sitúa en 12,7%. Además, la inseguridad alimentaria grave afecta
al 2,1% de los hogares en estos departamentos, lo que indica situaciones donde los miembros del
hogar han pasado al menos un día entero sin comer debido a la falta de recursos económicos en
el último año.
Estos datos reflejan una persistente desigualdad territorial en Uruguay, donde las regiones del
norte enfrentan mayores desafíos en términos de acceso a alimentos, en comparación con sur del país. La situación es particularmente preocupante en hogares con menores de 6 años, donde la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanza el 17,6%, y la grave el 2,5%, evidenciando el
impacto desproporcionado en la infancia.
Servicios básicos
Las carencias de servicios básicos acompañan a la pobreza en el norte. Si bien Uruguay tiene
amplia cobertura de agua potable y electricidad, persisten diferencias en la calidad y alcance de
otros servicios. El acceso a saneamiento adecuado (red de alcantarillado) y la vivienda digna es
menor en los departamentos norteños en comparación con Montevideo y el litoral sur. Los
censos han mostrado mayores proporciones de hogares en el norte sin acceso a red de
saneamiento, con viviendas precarias o condiciones de hacinamiento. Estas privaciones
configuran las “necesidades básicas insatisfechas” que se concentran geográficamente en la
frontera. La falta de transporte público frecuente, de servicios culturales y a veces incluso de
cobertura de salud especializada, son otras dimensiones en las que el interior profundo se
rezaga respecto al eje metropolitano. En síntesis, la población del norte no solo percibe menos
ingresos, sino que además debe enfrentar mayores dificultades para satisfacer necesidades
esenciales, desde la alimentación hasta el saneamiento.
Brechas en educación y capital humano
La educación es otro ámbito donde asoman inequidades territoriales. Los departamentos del
norte históricamente han tenido menores niveles educativos promedio que Montevideo y el sur.
Indicadores como la culminación de la educación media y la asistencia a la universidad reflejan
esta brecha. Por ejemplo, hace una década apenas una fracción de los jóvenes de Artigas o
Rivera concluían la enseñanza secundaria superior, mientras que en Montevideo las tasas de
egreso duplicaban a las del interior norte. Esto en parte se explica por la menor oferta educativa
de nivel medio y terciario en esas zonas hasta tiempos recientes. Muchas familias rurales deben
enviar a sus hijos a ciudades mayores o a la capital para continuar estudios, lo cual no siempre es
posible por razones económicas o de distancia.
Si bien el analfabetismo está prácticamente erradicado en Uruguay, persisten diferencias en la
calidad educativa y logros de aprendizaje. Las escuelas rurales del norte enfrentan desafíos de
multigrado y escasos recursos, y los liceos departamentales suelen tener mayores índices de
repetición y desvinculación que los del sur. En los sectores urbanos pobres de Artigas o Cerro
Largo, muchos adolescentes abandonan el estudio para trabajar informalmente, perpetuando el
círculo de baja calificación laboral. De hecho, la desconexión educativa de los jóvenes de 15 a 17
años es mayor en hogares de bajos ingresos, segmento sobrerrepresentado en la frontera norte.
No obstante, en años recientes hubo iniciativas para achicar la brecha educativa territorial. La
Universidad de la República y la UTEC (Universidad Tecnológica) han creado centros
regionales en el norte (por ejemplo, sedes universitarias en Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo)
para acercar la educación terciaria y la investigación al interior. Asimismo, programas como
Ceibal (entrega de computadoras y acceso digital) y la expansión de la conectividad han
beneficiado a escuelas rurales, mitigando en parte la distancia con Montevideo. Estos esfuerzos
comienzan a rendir frutos, con más jóvenes del norte accediendo a formación técnica y
universitaria sin tener que migrar. Aun así, la proporción de profesionales y personal altamente
calificado originarios de estos departamentos sigue siendo menor, lo que incide en las
oportunidades de desarrollo local. La educación, como factor clave de movilidad social, todavía
refleja las desigualdades de cuna según el territorio: un niño nacido en el norte fronterizo
enfrenta más obstáculos para alcanzar altos niveles educativos que otro nacido en el próspero sur metropolitano.
Hacia la equidad territorial
Cerrar las brechas norte-sur requiere políticas sostenidas y focalizadas. En los últimos años se
han implementado diversas iniciativas, pero el desafío persiste. A continuación se enumeran
algunas estrategias existentes y sugeridas para avanzar hacia una mayor equidad territorial:
Fortalecimiento de la protección social: Programas como el Plan de Equidad (lanzado
en 2008) ampliaron las transferencias monetarias a hogares pobres de todo el país,
incluyendo asignaciones familiares y tarjetas alimentarias. Estos instrumentos han
contribuido a reducir la pobreza extrema en el norte. Mantener y ampliar su cobertura es
clave para aliviar la inseguridad alimentaria y la pobreza infantil en las regiones más
rezagadas.
* Desarrollo productivo regional: Beneficios para la instalación de industrias y
emprendimientos en los departamentos fronterizos. Por ejemplo, zonas francas y
parques industriales en Rivera o Artigas podrían atraer inversiones y generar empleos
locales. El gobierno ha ofrecido exoneraciones impositivas a empresas que se radiquen
fuera de Montevideo, lo cual ayuda a diversificar la economía del interior. Potenciar las
cadenas de valor agroindustriales (arroz, lácteos, cuero, madera) con foco en el norte
añadiría valor a la producción local y crearía empleos de mejor calidad.
* Infraestructura y conectividad: La mejora de rutas, puentes y vías férreas hacia el norte
es fundamental para integrar estos departamentos a los principales mercados. Proyectos
como la rehabilitación del ferrocarril hasta Paso de los Toros (Tacuarembó) son un paso,
pero sería deseable extender la conectividad hasta Artigas y Rivera. Asimismo, ampliar la
conectividad digital en localidades remotas permite acortar distancias y facilitar tanto la
educación a distancia como el teletrabajo, abriendo nuevas oportunidades económicas.
Descentralización educativa y sanitaria: Continuar acercando la oferta de educación
terciaria y técnica al interior mediante centros universitarios regionales, institutos
tecnológicos (UTU) y formación profesional in situ. Esto evita la fuga de jóvenes talentos
y forma mano de obra calificada local. En salud, el Sistema Nacional Integrado de
Salud ha logrado que hoy todos los departamentos cuenten con cobertura de atención
médica; sin embargo, atraer y retener médicos especialistas en el norte sigue siendo un
reto. Incentivos para profesionales (por ejemplo, puntaje o salario adicional por
radicación en zonas alejadas) pueden mejorar el acceso a salud de calidad en la frontera.
Cooperación transfronteriza: Dada la realidad particular de las ciudades binacionales
(Rivera-Livramento, Artigas-Quaraí, Rio Branco-Yaguarón), es importante coordinar
políticas con Brasil. Iniciativas de integración fronteriza –como acuerdos para unificar
servicios de emergencias, intercambios educativos y sanitarios, o promoción turística
conjunta– pueden convertir la posición periférica en una ventaja. Proyectos de desarrollo
regional que involucren a ambos lados de la frontera podrían dinamizar la economía local
(por ejemplo, ferias binacionales, rutas turísticas integradas, etc.).
* Asignación equitativa de recursos públicos: Por último, se sugiere profundizar criterios
de asignación presupuestal que beneficien a las regiones más rezagadas. Uruguay ya
cuenta con el Fondo de Desarrollo del Interior administrado por OPP, que financia obras
en departamentos del interior. Asegurar que estos fondos prioricen inversiones en
saneamiento, vivienda, infraestructura social y productiva en Artigas, Rivera y Cerro
Largo ayudaría a cerrar brechas de infraestructura. Asimismo, monitorear indicadores
departamentales (pobreza, empleo, educación) para orientar políticas focalizadas es
esencial para evaluar los avances en equidad territorial.
En conclusión, las desigualdades territoriales entre la frontera norte y el sur de Uruguay
representan un desafío complejo que combina factores económicos, sociales e históricos. Los
departamentos norteños han cargado por décadas con mayores niveles de pobreza, trabajo
informal, inseguridad alimentaria y menores oportunidades educativas, en contraste con un sur
más próspero. No obstante, reconocer estas brechas ha permitido emprender políticas específicas en las últimas décadas –desde transferencias sociales hasta descentralización universitaria– que comienzan a dar resultados. El camino hacia un Uruguay más equilibrado territorialmente requiere profundizar estas medidas, con una visión de desarrollo inclusivo que llegue a todas las regiones. Solo mediante un compromiso sostenido para invertir en el Uruguay olvidado de la frontera, se podrá romper el ciclo de inequidad y asegurar que el lugar de nacimiento no condicione el destino de sus habitantes.